La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes en primera legislatura la instauración de la cadena perpetua para castigar presuntos “delitos de odio” en el país, informó el titular de la Cámara, diputado Gustavo Porras. El organismo es controlado por el izquierdista Frente Sandinista, en el poder desde 2007.
La medida se tomó mediante una reforma al artículo 37 de la Constitución, que establecía la pena máxima de 30 años de prisión en el país, y fue aprobada con los 70 de la bancada oficialista, mientras que 15 diputados opositores votaron en contra y tres se abstuvieron.
El diputado Porras explicó que por ser una enmienda de tipo constitucional, la reforma debe quedar aprobada definitivamente en una segunda legislatura. El próximo periodo parlamentario se inicia el 9 de enero de 2021 y se espera que sea incluida con prontitud en su agenda de debates.
El texto ya reformado mantiene que “no se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años”, aunque se le incorpora lo siguiente: “Excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes, inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”.
El Parlamento nicaragüense aprobó recientemente otras dos leyes —Regulación de Agentes Extranjeros y Ciberdelitos—, presentadas por la bancada sandinista y que han sido rechazadas por la oposición por considerar que buscan “restringir la libertad de expresión, movilización y asociación” en el país.
El gobierno, sin embargo, ha informado que realizó un proceso de “consulta” sobre estas leyes y que en el caso de la cadena perpetua recolectó tres millones de firmas de apoyo en todo el país, cuya población total es de 6,5 millones de habitantes
El propio presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han calificado como “crímenes de odio” a las acciones de grupos opositores, especialmente después de la revuelta social de abril de 2018, que dejó muertos, heridos y encarcelados, y desencadenó una grave crisis política y económica que aún persiste en el país.
“La prisión perpetua es un mecanismo de protección al derecho humano de la vida, porque protegerá a mujeres, niños y adultos mayores de quienes pretendan cometer delitos horrendos contra ellos”, argumentó en defensa de la reforma el diputado sandinista Carlos Emilio López en alusión a los delitos de violencia sexual y feminicidios, que podrían ser castigados también con la cadena perpetua.
AP
